Aval para delinquir. Por: Marco Aurelio Zuluaga. (Nocaima-Cundinamarca)

 

Obedecer para no cumplir, fórmula del derecho castellano usada desde la Colonia a favor de la élite de turno, fue popularizada por la picaresca criolla, en lo que a justicia se refiere, al sentenciar “la ley es pa’ los de ruana”. Al canto una muestra.

Odebrecht, una firma de ingeniería brasileña, armó la red de corrupción en obras públicas más grande en la historia delincuencial de las Américas, abarcando doce países, entre ellos Colombia, donde su principal socio fue el grupo empresarial y familiar más poderoso del país.

Tras varios años de investigaciones, en el 2016 Odebrecht confesó, ante la justicia de Estados Unidos, el escandaloso pago de ochocientos millones de dólares en coimas y sobornos. La justicia federal le impuso una multa de dos mil seiscientos millones de dólares. En Brasil, tres expresidentes fueron condenados y el dueño de la constructora está en la cárcel. En Perú, tres expresidentes están implicados y otro se suicidó. En Argentina y Ecuador, altos funcionarios y poderosos empresarios pagan con cárcel su delito.

En el 2010, el consorcio Odebrecht-Grupo Aval firmó un contrato con la nación por la astronómica cifra de mil doscientos millones de dólares para construir la Ruta del Sol, el proyecto de infraestructura vial más ambicioso del país. Hasta el sol de hoy, esta ruta no ha llegado a su puerto y miles de millones de dólares se han perdido por esta vía.

Estados Unidos también investigó al Grupo Aval, quien, frente a los resultados, el pasado agosto reconoció ante las autoridades norteamericanas su conducta criminal en complicidad con Odebrecht, por lo que se sometió a pagar una multa de ochenta millones de dólares y a colaborar con la investigación penal.

Inaudito: el Grupo Aval niega estos hechos en Colombia, se autocalifica víctima de su socio y de sus propios empleados, apela las decisiones judiciales y exige pagos a su favor. En avenencia, la justicia solamente juzga y condena funcionarios poco relevantes y empresarios medios.

Después de la confesión del Grupo Aval en Estados Unidos, la Fiscalía en pleno anunció en rueda de prensa, desde el Congreso Empresarial de la Andi, que el tema de Odebrecht-Grupo Aval quedaba esclarecido y que no hay judicializaciones pendientes. La Andi guardó silencio. Sin embargo, bien haría esta asociación de industriales en informar el costo causado por este fraude a la competitividad de sus empresas y a las finanzas públicas.

En este contexto, es ineludible revisar el nombramiento y desempeño de los dos últimos fiscales. El anterior fue denunciado, ante el Consejo de Estado y ante el Congreso de la República, por faltar al deber moral y conocer previamente este entramado de corrupción como asesor del Grupo Aval y colaborador de Odebrecht. Ciudadanos indignados protestaron en diferentes ciudades del país. Renunció un año antes de terminar su periodo, no por decisión judicial, sino por la presión ciudadana. El fiscal actual, según el “Panel de Opinión 2023”, tiene menores niveles de legitimidad y su desempeño no está a la altura que exigen las circunstancias.

Se observa cómo el aparato estatal se pone en funcionamiento para acreditar hechos criminales y para llegar con todo el peso de la ley a “los de ruana”. Resulta oportuno recordar que el año pasado el Grupo Aval donó a los partidos más de trece mil millones de pesos: liberales, Centro Democrático y la U fueron los más beneficiados.

Esta forma de impartir justicia profundiza la desigualdad y desconoce el espíritu del Estado Social de Derecho. Es imperioso que el presidente de la República en la nominación, y la Corte Suprema de Justicia en el nombramiento, escojan al nuevo fiscal sin la práctica clientelar y torticera acostumbrada.