Democracia y mafias. Por: Marco Aurelio Zuluaga. (Nocaima-Cundinamarca)

 

En Colombia, desde hace medio siglo y de manera sistemática, las campañas políticas locales, regionales y nacionales reciben dinero de las mafias narcotraficantes. Con su dinero, han sido elegidos desde candidatos a la presidencia hasta candidatos a concejos municipales. Hoy, nuevas mafias buscan el poder para defender sus propios intereses, coartando e impidiendo el desarrollo de una buena democracia.

A comienzos de este siglo, tres de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la aquiescencia de todo el establecimiento, y fungiendo como representantes del pueblo, se tomaron el Congreso. En su mensaje a la nación, desde “la cuna de las leyes y el templo de la democracia”, como dijo su vocero, pretendieron legitimar la guerra sangrienta desatada contra la población civil e imponer su ideología de derecha extrema. Recibieron el aplauso cerrado en el apogeo de su demencial propuesta. Este discurso anunció el advenimiento de una época siniestra que aún perdura. Lamentablemente, esta tenebrosa organización mantiene su influencia, a veces decisiva, en la elección de políticos y gobernantes.

Hace trece años, en la Corte Suprema de Justicia, se organizó el denominado “Cartel de la Toga” que, con la participación de magistrados y altos funcionarios, vendía sentencias judiciales. Desde solemnes oficinas de abogados particulares, se tejió un entramado mafioso para comprar magistrados. La justicia a favor de quien más pagara.

En el sector privado, dos poderosos grupos empresariales reconocieron, ante las autoridades norteamericanas, que pagaron sobornos para ganar, en consorcio, el contrato de infraestructura más grande del país, y que lavaron activos durante su ejecución. Por este hecho, cancelaron una multa inmensa al Departamento de Justicia; sin embargo, en la Fiscalía General colombiana, esta investigación, con varios muertos en su trámite, no avanza. Es menester recordar que, con parte de las coimas, se financiaron dos campañas presidenciales. Con la complicidad de algunos medios de comunicación mafiosos, este consorcio ha logrado encubrir y negar el incalculable daño causado a la democracia y a la economía del país.

Al tiempo, desde el Departamento de Prosperidad Social, adscrito a la Presidencia de la República, se organizó un frente nacional para delinquir. Senadores y representantes de los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y de la U, han sido cómplices de este entramado mafioso. Miles de millones de pesos, destinados a la lucha contra el hambre y la pobreza y a la Reforma Rural Integral, fueron robados. Hace tres meses detuvieron al primer senador comprometido. Otros seis parlamentarios implicados, osan declararse perseguidos políticos y blindan su defensa desde el Congreso. Los funcionarios del DPS encartados huyen, y los empresarios que pagaron las coimas buscan solapadamente carteles y togas que los defiendan.

 

Para rematar este variopinto de corrupción, hace pocos días la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación al actual presidente del Congreso, perteneciente al Partido Verde, por supuestos nexos con una banda criminal con el fin de comprar votos y asesinar a un concejal.

Frente a esta calamidad pública, no se justifica, ni debe aceptarse, el silencio de los presidentes y comités de ética de los partidos políticos, cuyos representantes viven de sostener una mala democracia, haciendo prevalecer sus intereses y los de quienes financian sus campañas. Deshonran e incumplen su función como voceros y salvaguardas del Estado Social de Derecho.   

Generalmente, los gremios empresariales callan cuando uno de sus “cacaos” es coautor de esta debacle ética y moral, y cuando discuten políticas públicas sobre igualdad y libertad, no representan los intereses de la sociedad.

Entonces, ¿por qué avalar con el voto esta mala democracia? Una íntima y sencilla reflexión sobre el “deber” de votar puede llevarnos a discutir sobre “el derecho a no votar”, en busca de la libertad y la igualdad, atributos de una buena democracia.

 

Marco Aurelio Zuluaga Giraldo

Febrero de 2024