La genealogía de la Constituyente Petro. Por: Eric Barbosa. (La Vega-Cundinamarca)
Para comenzar, un dato de contexto. Durante el siglo XX, en Colombia se convocaron cuatro Asambleas Constituyentes: una en 1905, otra en 1910, una más en 1953 y la muy conocida de 1990, que produjo la Constitución de 1991. Hasta ahí, todo bien. El problema surge si nos detenemos en la Asamblea de 1953, pues, a diferencia de las otras, es un evento generalmente ignorado en los libros de historia constitucional debido a que no produjo reformas notables, salvo la aprobación del voto femenino en 1954. Pero ¿por qué es importante una constituyente que fracasó y qué tiene que ver con la propuesta de Petro? Para allá vamos; les ruego un poco de paciencia.
Entre 1953 y 1957, el presidente de Colombia fue el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó al poder después de propinarle un golpe de Estado al polémico líder conservador, Laureano Gómez. Eran tiempos de una violencia devastadora en el país, intensificada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. La intervención de las Fuerzas Militares y el ascenso de Rojas a la presidencia se percibieron como un respiro ante tantas oleadas de sangre.
Paradójicamente, casi un año antes del Golpe, Gómez había logrado la aprobación, por parte del Congreso, de la Asamblea Constituyente, es decir, la misma institución que se encargaría de legalizar su derrocamiento. Como diría un profesor mío sobre ese respecto: "uno no sabe para quién trabaja". En todo caso, la ANAC de 1953 fue la oportunidad para plantear una serie de reformas de índole social: reforma agraria, redistribución económica, acceso a los sistemas de protección social, laboral y familiar, y todas esas cuestiones que se estaban implementando en otros países latinoamericanos y que hasta ahora, setenta años después, el gobierno de Petro intenta plantear para el pueblo colombiano. Pero retomemos...
En aquel entonces, había una buena madurez ideológica para impulsar reformas sociales. Las ideas de Gaitán y otros sectores afines formaron parte de la Constituyente y estaban impulsando un país más justo. Existían condiciones propicias para que Colombia se transformara en un Estado benefactor. Pero ¿qué pasó? Rojas Pinilla entró en una abigarrada disputa con los altos mandos del Partido Liberal y, posteriormente, con integrantes del conservatismo. Uno de los principales motivos fue el control de las reformas constitucionales, pues el Teniente General apostó por unas reformas justas, pero sin la concurrencia de las élites tradicionales. El resultado es fácil de deducir: el trabajo constitucional se echó por la borda, la ANAC fracasó y buena parte de las ideas sobre justicia social quedaron marginalizadas.
Las élites tradicionales, por su parte, limaron muchas de sus viejas asperezas y coordinaron un importante paro nacional para sacar a Rojas de la jefatura del Estado. Lo consiguieron en mayo de 1957 y, con la salida del Teniente General, no solo le quitaron sus derechos políticos, sino que también se desvaneció el propósito nacional de plantear una constitución pensada para los derechos colectivos. El Partido Liberal y el Partido Conservador negociaron la alternancia del poder presidencial durante 16 años en el ya mencionado Frente Nacional, y así no hubo necesidad de reformar las estructuras del Estado para hacerlo más incluyente. Por el contrario, se cerraron las vías para la participación democrática, lo que permite explicar la conformación de las FARC y el ELN en 1964.
Pero volvamos con Rojas Pinilla, quien una vez recuperó sus derechos políticos, formó un nuevo partido llamado la Alianza Nacional Popular (ANAPO, 1961). Dicha colectividad provocó un importante movimiento de masas e incluso desafió el dominio de las élites partidistas del Frente Nacional. El ideario de la ANAPO se basó, en gran medida, en el trabajo constitucional precedente de la ANAC de 1953. Incluso, en su partido político, Rojas contó con el apoyo de viejos gaitanistas y otros sectores que habían logrado plantear sofisticados programas de reformas sociales, los cuales, como se dijo, fueron ignorados cuando se clausuró la Constituyente.
La cosa no terminó ahí. Como muchos recordarán, para las elecciones presidenciales de 1970, Rojas Pinilla contaba con amplia popularidad y todos creían que iba a lograr de nuevo la jefatura del Estado. No obstante, en la noche del 19 de abril (cuando Gustavo Petro cumplió diez años), hubo un apagón en distintos departamentos y, contra todo pronóstico, salió "disque" victorioso el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana (el papá de Andrés), para el periodo de 1970-1974. La conmoción fue total y en el país hubo alborotos. Después de perder las elecciones, el ideario político de la ANAPO se volcó hacia la subversión e intentó imponerse mediante las armas. Así, nació el Movimiento 19 de abril (M-19), en el cual recibió su formación ideológica inicial el presidente actual, Gustavo Petro.
La guerrilla del M-19 recibió gran apoyo popular en sus primeros tiempos; sin embargo, este se redujo considerablemente después de un primer y fallido acuerdo de paz en los años ochenta con el presidente Belisario Betancur (1982-1986), el cual culminó en la tragedia de la toma armada al Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985). Con su respaldo reducido, la guerrilla aceptó un nuevo acuerdo de paz, cesó las acciones bélicas, garantizó su participación política e impulsó la convocatoria a otra Asamblea Nacional Constituyente en 1990.
En esta última, los asambleístas fueron elegidos mediante voto popular y el M-19, ya sin armas y en la legalidad, logró constituirse como la tercera fuerza política, después del Partido Liberal y el Conservador, en la Corporación que le dio vida a la Constitución Política de 1991. Aunque no fue asambleísta en esa ocasión, Gustavo Petro participó activamente en las discusiones e impulsó la aprobación del derecho a la tutela.
Sin embargo, aunque se derogó la vieja Constitución de 1886, la Constitución colombiana de 1991 ha sido criticada por su carácter híbrido, es decir, por presentar importantes avances en derechos civiles, políticos, sociales y culturales -Colombia se declaró Estado social de derecho-, pero sin tocar demasiado el sistema económico que produce desigualdades y, de hecho, abrir las puertas para las privatizaciones y fortalecer el llamado sistema neoliberal de desarrollo. Con más de treinta años de vigencia constitucional, el país ha presenciado la radicalización de la violencia y el conflicto armado; el aumento de los desplazamientos y las desapariciones forzadas; el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Empero, también se ha visto la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y la radicalización de los movimientos sociales - fortalecidos después de la pandemia del COVID-19 -, los cuales han demandado mayor justicia social y acceso a las oportunidades.
En estas circunstancias, se eligió al presidente Gustavo Petro, quien propuso una serie de reformas que buscan modificar el carácter híbrido de la Constitución de 1991 y que recuerdan a las propuestas sociales que se intentaron aprobar en la Asamblea Nacional Constituyente de los años cincuenta. Así, sus llamados a una Constituyente no son una ocurrencia arbitraria, sino parte de un proceso que ha estado en la mente de líderes políticos, militares, guerrilleros y sectores civiles que han buscado la democracia real en las últimas décadas. Con todo esto, lo que pretendo indicar es que Petro representa toda una corriente de luchas sociales e históricas. Me parece que el gobierno intenta actualizar el país en la resolución de la evitativa y rehusada cuestión social; una deuda que se siente por lo menos desde 1953.
Comentarios
Publicar un comentario